Por: Jorgelina Hiba
Las declaraciones del presidente Mauricio Macri la semana pasada en Gualeguaychú calificando de “irresponsable” un fallo de la justicia entrerriana que ampliaba la distancia de fumigación de las escuelas rurales volvió a poner la atención pública sobre los efectos ambientales de los agroquímicos, insumo a partir del cual se construyó (junto a la soja transgénica y la siembra directa) el boom de commodities argentino que llenó de dólares las cajas tanto de los gobiernos kirchneristas como del macrismo.
Más allá de las fronteras de Argentina la forma agroindustrial y químico dependiente de producir alimentos es cuestionada cada vez con mayor fuerza no sólo por grupos ambientalistas y sectores políticos y académicos, si no también (y es una novedad) por la justicia de países como Estados Unidos y Francia donde desde hace un año se acumulan los fallos contra el uso del glifosato al considerarlo peligroso para la salud humana.
¿En qué medida los nuevos consensos que los países centrales están construyendo respecto a la manera en la cual quieren producir alimentos repercute en Argentina, donde ni siquiera existen estadísticas oficiales sobre la venta y el uso de ese agroquímico?
Según Gastón Huarte, ex presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, “es importante instalar el discurso desde la política de que existe otra forma de producir” que no sólo tiene que ver con producir alimentos sanos sino también “con generar empleos, preservar el medioambiente y lograr políticas más distributivas”. “Los ingenieros agrónomos que trabajan en agroecología hace años atrás parecían las ovejas negras de la profesión y hoy empieza a haber un discurso distinto, una visión de que se puede producir de otra manera que necesita apoyo y capacitación, porque nadie va a hacer lo que no conoce” dijo.
Modelo hegemónico
Huarte agregó que la transformación del modelo agropecuario hacia un paradigma sustentable debe también acompañarse de nuevas leyes que modifiquen la forma de tenencia de la tierra, ya que la actual Ley de Alquileres atenta contra el largo plazo y privilegia un razonamiento puramente rentista.
“Pareciera que existe solo una manera de producir que es muy funcional a determinados intereses donde la primer variable es la productividad y ahí nos alejamos de la idea de que producimos alimentos porque en realidad producimos biomasa. Tenemos una receta productivista, insumo dependiente, concentradora y degradadora de los recursos naturales” enumeró el experto, para quien repensar el modelo productivo “es un desafío social y del sector”.
El campo: vacío y concentrado
Los datos preliminares del último censo agropecuario dejan además otra sensación: además de perjuicios socioambientales, el modelo agrícola extractivista dinamitó la base social del campo argentino vaciándolo de agricultores y fortaleciendo una dinámica de concentración de la tierra cada vez más acentuada: una nota publicada en el diario La Capital el 6 de abril pasado señala que (si bien los datos son aún provisorios) en Santa Fe hay 8.820 explotaciones agropecuarias menos (-31,4 por ciento) que hace 15 años, una caída del 31,4%. Al mismo tiempo, en el mismo período el tamaño de esas explotaciones pasó de 401 a 467 hectáreas, lo que refleja que cada vez menos propietarios tienen extensiones cada vez más grandes de tierra.
Según Huarte, uno de los mayores impedimentos que impide avanzar hacia otra forma de producir alimentos es la ley de alquileres, que va contra el largo plazo y premia la especulación. “Hay que comenzar por modificar esa ley que es funcional al modelo productivo actual que es productivista, concentrador e insumo dependiente”, sintetizó.
En ese punto recordó que lo que pasó en Argentina a partir de la década de los 90 “no fue ajeno al resto del mundo”. “Vino un modelo que parecía que solucionaba todo y la ley de arrendamiento fue funcional” señaló el ingeniero agrónomo.
