Por: Jorgelina Hiba
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó por unanimidad que se constituya “de manera inmediata” un comité de emergencia ambiental por las quemas descontroladas en las Islas del Delta del Paraná. “Los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato ya que hay que evitar que el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la degradación del ambiente en la región del Delta porque hay una afectación severa de un recurso ambiental de naturaleza interjurisdiccional con una efectiva degradación ambiental que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad”
La decisión de la Corte fue la respuesta a una acción de amparo colectivo ambiental promovida por la asociación civil “Equística Defensa del Medio Ambiente” contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y las municipalidades de Rosario y Victoria “por los incendios irregulares en las Islas”,
La Corte ordenó que el Comité adopte medidas eficaces para la prevención, control y cesación de los incendios irregulares utilizando para ello las bases del Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (Piecas-DP) de 2009”, e intimó a las partes a presentar en 15 días un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada.
Argumentos
Según la Corte, los incendios “han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población” y que, lejos de ser algo aislado, tiene “un efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente”.
También destacó que el Delta del Paraná es “un ecosistema vulnerable que necesita protección” y expresó que existe un peligro concreto sobre el ambiente “porque estos incendios causan un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná”, además de resultar también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades como Rosario.
“Existe prueba suficiente de que los incendios irregulares, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente”.
Antecedentes
El Tribunal recordó que ya en 2008 las provincias y Nación se habían comprometido a la elaboración de un plan (el Piecas) pero puntualizó que “resulta evidente que estas medidas no han logrado una solución perdurable en la zona”.
Desde lo legal, afirmó que la cuestión está contemplada en diversas normas jurídicas como la ley de control de actividades de quema); la de protección de bosques nativos; la ley de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales; la ley de Protección de los Humedales Ramsar; el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.
