Por: Jorgelina Hiba
Sin órgano de control desde 1995, sin información transparente sobre los proyectos a ejecutar, sin acceso a estudios de impacto ambiental sistematizados y actualizados, sin participación ciudadana. Ese es el estado de situación del debate sobre la profundización de la Hidrovía en el río Paraná, todavía en un limbo político pero con muchos actores atentos a lo que significa tener la llave de acceso de un formidable sistema fluvial pensado por algunos como una “autopista”, y no como una compleja, delicada y productivísima cuenca.
Con la renovación de la concesión de la Hidrovía Paraná/Paraguay a la vuelta de la esquina (el actual contrato vence en abril) y muchos más interrogantes que certezas de la mano del paso errante del gobierno nacional, organizaciones ambientalistas salieron a marcar la cancha en relación a los impactos sobre el río Paraná y la población ribereña de las potenciales obras, que apuntan a hacer “más eficiente” la navegación de buques de gran porte que motorizan la exportación de granos y cereales de la región a través de obras de dragado y modificación de costas e islas.
El Taller Ecologista, Fundación Cauce y Fundación Humedales, las cuales vienen realizando un seguimiento y análisis en torno a las políticas públicas sobre el tema, alertaron sobre la escasa información pública y la nula participación ciudadana en la toma de decisiones.
Efectos ambientales
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, muy activa en el debate, enumeró algunos de los impactos socioambientales que trajo y traerá la modificación del cauce, las costas y las islas del Paraná con el objetivo de convertir un río en una “autopista fluvial”.
El listado incluye las siguientes situaciones: riesgos de inundaciones; contaminación de agua potable; creciente emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias en zonas residenciales y costeras de uso público comprometiendo la integridad del agua, el aire, el suelo y el paisaje; congestionamiento vial; aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero; urbanización aceleradas y no planificada; hostigamiento sobre los modelos productivos de subsistencia de comunidades indígenas, campesinas y ribereñas vulnerables y concentración de la tierra en manos de corporaciones y degradación de los territorios; entre otros.
Martín Bletter, investigador en el Instituto Nacional de Limnología, señaló en una nota publicada por la agencia France Presse que “la Hidrovía funciona hace 25 años pero nunca se hicieron estudios exhaustivos sobre sus impactos”. Para el científico, la modificación del lecho del río “genera pérdidas ecológicas por degradación y fragmentación del hábitat de muchas especies”.
La rasuración de las dunas o partes playas destruye hábitats de invertebrados, así como la eliminación de bancos de arena que también son refugio de invertebrados y peces, son colonizados por vegetación que ‘fija’ las islas. “Allí el impacto es total”, dijo Bletter. También preocupa la rectificación de meandros en los tramos superiores (río Paraguay): “los meandros retienen las corrientes de agua y son refugio para fauna y peces”.
Además, el paso de buques de gran porte genera turbulencias y produce olas, lo que significa “mayor erosión de las márgenes, más turbidez del agua y un desarraigo de especies de las orillas que reduce su tasa de reproducción”.
Transparencia y participación
Las organizaciones socioambientales resaltaron la importancia de asegurar “la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información” y de conformar un Órgano de Control, siempre con el objetivo de “respetar y garantizar los derechos de las comunidades, los ciudadanos y la naturaleza”. “Hemos advertido un déficit en los mecanismos de acceso ciudadano a la información pública ambiental y una ausencia de instancias de participación de la sociedad civil en la planificación y control de ejecución de obras y planes de gestión” señalaron.
En una nota enviada a los integrantes del Consejo Federal de la Hidrovía solicitaron que “se informe de manera oportuna, veraz y completa sobre todos los procedimientos de planificación, proyección, ejecución y control de obras e infraestructura en general previstos para la futura administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay luego del vencimiento del contrato de concesión vigente”.
Sin control
La concesión de la Hidrovía, que comenzó en 1995, carece de un órgano de control. Por eso las agrupaciones ambientalistas insistieron en la necesidad urgente de constituirlo tal como fue previsto en la licitación de 1993/1995, y solicitado muchas veces desde la Auditoría General de la Nación “a fin de velar por el interés público”.
Ese órgano “deberá asegurar una representación y participación plural de la ciudadanía, y no sólo de los usuarios de la Hidrovía comercial, debiendo a su vez instaurarse como un órgano que promueva instancias de monitoreo comunitario y/o veedurías de los avances de obra y de la aplicación de los planes de gestión ambiental”. Todo lo que nunca se hizo hasta ahora.
