La pérdida de biodiversidad es, junto al calentamiento global, el gran tema de la agenda ambiental a nivel internacional. Si bien existe un Convenio sobre Diversidad Biológica (CDV), las organizaciones no gubernamentales pelean para que éste sea más efectivo y claro en la defensa de la salud del ambiente.
En ese marco hace pocas semanas hubo un encuentro en Buenos Aires durante el cual diferentes actores sociales de América Latina y el Caribe elaboraron un documento con aportes y recomendaciones para los países que forman parte de ese convenio, entre los cuales está Argentina. La convocatoria fue hecha por la Farn (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y el Taller Ecologista de Rosario fue uno de esos actores.
“La urgencia presenta oportunidad y eso incluye a nuestra región. Organizaciones, personas y comunidades demuestran en los territorios que hay formas distintas de hacer las cosas, en armonía con la naturaleza. Existen muchas prácticas que cuidan el medio ambiente y que son escalables” subrayaron las ONG’s, que instaron a los Estados Parte a “asumir sus responsabilidades y tomar la decisión política de salvar la biodiversidad con acciones a la altura y efectivas”.
Recomendaciones
Las últimas décadas se caracterizaron por una aceleración en la pérdida de hábitats, biodiversidad y servicios ecosistémicos en todo el mundo. En ese punto las organizaciones pidieron “un freno inmediato a la deforestación y destrucción de otros ecosistemas en razón de la expansión de la frontera agropecuaria forestal y la expansión urbana; los megaproyectos mineros y de energía; los agrotóxicos la contaminación industrial”. También reclamaron que haya un control efectivo y real de las especies exóticas invasoras, que deben contar con programas de prevención y erradicación.
Números verdes
En términos de inversión, recomendaron que cada país disponga al menos el 1% de su Producto Bruto Interno (PBI) para la preservación de la biodiversidad y que, además, incorpore los costos de pérdida de biodiversidad al cálculo de ese Producto.
También pidieron que los Estados promuevan incentivos a matrices industriales y/o productivas aliadas de la conservación y que se piensen y pongan en práctica posibles beneficios impositivos y/o financieros a empresas que cumplen con la conservación del medio ambiente y los compromisos asumidos en el marco del CDB.
Al mismo tiempo destacaron que se puede avanzar en otras opciones como la creación de impuestos específicos a sectores e industrias que tengan impacto sobre la biodiversidad y el medio ambiente. “Se recomienda crear un fondo de restauración del daño ambiental producido, que es distinto a la compensación, e imponer multas verdaderamente disuasorias para prevenir daños ambientales”, añadieron.