Los primeros seis meses del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil han sido los más desastrosos de la historia de la política ambiental brasileña. Un dato que impacta mucho más allá de las fronteras del gigante de Sudamérica, ya que los servicios ecosistémicos del Amazonas son una necesidad global. Así lo asegura el investigador y periodista André Trigueiro en una nota publicada hace pocos días en O Globo en la que relata el desmantelamiento institucional, financiero y político de las herramientas que el estado de ese país tenía para proteger el ambiente, tal como lo establece el artículo 225 de su Constitución.
“Hay muchas evidencias de una operación desmonte que alcanza diferentes sectores de la administración pública” dice el experto, quien señala el progresivo debilitamiento del ministerio de Medioambiente que, por ejemplo, se quedó sin Agencia de Aguas y sometió al Servicio Forestal al ministerio de Agricultura. Además el ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, dijo que va a revisar el estatus de todas las Unidades de Conservación y que estudia la eliminación de las Reservas Legales, áreas protegidas que no pueden ser deforestadas dentro de las propiedades rurales que representan 167 millones de hectáreas, el 33% de toda la vegetación nativa de Brasil.
Bolsonaro también le puso un freno de mano a la política climática brasileña en la voz de Salles, quien suele decir que se trata de un tema “académico y no prioritario”. Todo esto generó que por primera vez los 8 ex ministros de Medioambiente de los gobiernos anteriores (desde Itamar Franco hasta Temer) se reunieran para denunciar “el riesgo real de deforestación del Amazonas”. “La gobernanza socioambiental de Brasil está siendo desmantelada contra lo que dicta la Constitución”.
