Por: Jorgelina Hiba
Las postales son tan repetidas que no sorprenden a nadie. Año tras año, la conquista desaforada de rosarinos y victorienses de la zona de Islas frente a la ciudad y de la ruta que une los dos núcleos urbanos parece sobrepasar los límites de lo permitido hasta nuevas fronteras: si ya es habitual ver cantidad de autos estacionados en las banquinas con gente pescando o acampando (lo cual está prohibido), la bajante de este año y la impunidad que brinda saber que nadie controla nada generó un nuevo fenómeno masivo: los vehículos “haciendo cola” para bajar desde la ruta a las Islas destruyendo todo a su paso. Algo que también está prohibido al ser una zona natural protegida por ley.
Existen tanto una una ordenanza municipal de Victoria como una ley provincial entrerriana que mencionan que en las reservas naturales protegidas sólo se pueden realizar actividades sustentables, un criterio que claramente el ingreso de vehículos particulares no cumple.
¿Quién debería controlar que esto, que pasa cada fin de semana, no ocurra? Toda la zona de Islas es de jurisdicción entrerriana, en este caso del municipio de Victoria. La ruta, que está concesionada a la empresa Caminos del Río Uruguay, es nacional por lo que el control depende de Gendarmería, mientras que el río (que también es de jurisdicción nacional) está bajo la autoridad de Prefectura.
¿Qué dicen cada uno de estos actores sobre el (des)control que reina bajo su jurisdicción? En un clásico juego del Gran Bonete, unos y otros se tiran la pelota para que nadie asuma ninguna responsabilidad: Gendarmería dice que debe controlar Prefectura, Prefectura dice que la tierra no es asunto de ellos y la empresa dice que “cumple en informar sobre las normativas” pero que luego “la gente corta los alambrados para salir de la ruta”, por lo que “sólo pueden informar a las autoridades”. Y así en un loop infinito.
Para sumarle un ingrediente más al escenario, desde el gobierno de Entre Ríos mandaron un insólito comunicado hace pocos días donde, relatando los operativos de monitoreo por las quemas de pastizales, se detalla que durante los recorridos “se observó una cantidad importante de pescadores de la ciudad de Rosario y Victoria que aprovechan la facilidad de acceso que le brinda la banquina a los campos de la zona. Los mismos realizan pequeños fuegos para cocinarse o calentarse, también se observa un aumento de los residuos dejados por estas personas”. Una descripción acertada pero que le corresponde más a un paseante que a un estado provincial teóricamente a cargo de que todo lo detallado no ocurra, ya que la ley no lo permite.
Por su parte Romina Araguas, abogada de la organización ambientalista El Paraná No Se Toca, consideró que “falta control estatal tanto de Victoria como de Entre Ríos, falta control de la concesionaria para saber quienes bajan con los vehículos y falta responsabilidad ciudadana por hacer actividades claramente prohibidas”.
