Por Damián Verzeñassi* Foto: Marcelo Manera
Vivimos en una Argentina de máxima fragilidad institucional. Temas de enorme trascendencia para
nuestras vidas tienen su minuto de fama y luego desaparecen de la primera plana mientras sus efectos, a
largo plazo, siguen calando hondo en la trama social y territorial, configurando nuestra vida y la de las
próximas generaciones. Se toman definiciones que regirán los destinos a cincuenta y cien años, utilizando
el “progreso” y “la necesidad de mejorar nuestras vidas” cómo justificadores. Cabe entonces preguntarnos: ¿Qué es lo que realmente necesitamos para poder vivir?
Ante esta pregunta podemos acordar, en primer lugar, que sin “respirar” no podemos vivir. Ante esto la
calidad del aire es fundamental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que, antes de la
pandemia, morían por año 12 millones de personas en el mundo por la mala calidad del aire. En gran parte
de la provincia de Santa Fe lo sabemos con números y registramos el daño que tuvo en la población los
incendios en las islas del Delta del Paraná. El segundo elemento clave para vivir es el agua. Somos seres
de agua, sin ella nuestras vidas y la del Planeta es sencillamente imposible. El tercer elemento para vivir
es alimentarnos sin lo cual no podemos desarrollar nuestro ciclo vital. Para eso necesitamos alimentos
sanos, y tener suelos sanos es condición sine qua non que se debe garantizar con políticas de producción,
distribución y cuidado para la producción de alimentos de verdad, libres de transgénicos y venenos. El
cuarto elemento clave es la energía, que nuestros cuerpos generan a partir del agua, el aire y los alimentos.
La avanzada sobre nuestros territorios de las políticas extractivistas siempre ha sido instalada en primera
plana fundamentalmente a partir de falacias. Y cuando estas no alcanzaron fueron de la mano de la
violencia. Esa es la estrategia que se ha profundizado a partir de la segunda mitad del siglo pasado y
adquirió velocidades inusuales en este nuevo milenio.
En este contexto hay que analizar el decreto 70/23 (aún vigente gracias a qué los diputados nacionales ni
siquiera tratan su texto), la Ley Bases y el RIGI que ya fue promulgado por el presidente Javier Milei
luego de la aprobación del Congreso nacional. Detrás de toda esta avanzada neo-extractivista hay una inmensa intención de naturalizar las desigualdades que no son naturales y que solamente permiten sostener regímenes de destrucción de nuestros territorios a expensas de nuestras vida para garantizar un poco de calidad de vida en otros lugares. Lo que nosotros denominamos la “Geopolítica de la Enfermedad”.
Antecedentes
En el año 1995 la pobreza en Argentina alcanzaba el 22 por ciento. Dos años antes, nuestro parlamento
había aprobado el Régimen Minero que fue el primer antecedente de un RIGI en nuestro país. En 1996 se
autorizaron los transgénicos que invadieron nuestros territorios y transformaron los modelos productivos
de Argentina que hasta ese momento producía alimentos. Desde entonces se pasó a un modelo de producción de commodities agroindustriales transgénicos dependiente de venenos responsables de haber fulminado nuestros territorios con volúmenes de químicos que son imposibles de ser metabolizados, degradados, ni eliminados de nuestros cuerpos y generan transformaciones en nuestras estructuras celulares generando cánceres, leucemias, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, alteraciones endocrinas, problemas de reproducción como ya hemos constatado en nuestros trabajos científicos desde el Instituto de Salud Socioambiental.
El discurso en 1995, con 22 por ciento de pobreza en el país, era: “Tenemos que salir de la pobreza y por
eso necesitamos el avance de estos modelos”. Así se impuso el extractivismo de la megamineria, de la
agroindustria, de Vaca Muerta más adelante con el hidrofracking y las forestales en Misiones. En 2001 teníamos una capacidad de producción y exportación agroindustrial de 534.638 millones de dólares y en 2023 esa capacidad fue de 1 billón 565 millones, un incremento de 193 por ciento en los valores de exportación de commodities agroindustriales. En 2024, sin una sola ley que haya restringido el avance de las corporaciones extractivistas en nuestros territorios, Argentina tiene un 57,4 por ciento de pobreza.
Entonces, cuando escuchamos hablar sobre la “necesidad de un Régimen de Incentivo para Grandes
Inversiones para sacar al país de la pobreza y la crisis económica”, después de 30 años ininterrumpido de
uso y abuso de las corporaciones sobre nuestros territorios, queremos que nos expliquen de qué
“progreso” nos están hablando.
Vienen por el agua
El 28 de junio el Congreso Nacional aprobó la Ley Bases y el RIGI, una propuesta considerada
“fundacional” para la administración de Javier Milei. La norma se complementa con el DNU 70/23 que
sigue vigente aunque haya partido ya de la primera plana y de las agendas políticas legislativas. Entre
otras cosas, ese decreto avanza sobre la Ley de Tierras Rurales para garantizar la entrega de suelos fértiles
y nacientes de cursos de agua a las grandes corporaciones agroindustriales; elimina y lesiona la Ley de
Fuego facilitando el avance de los incendios como herramienta de barrido de diversidad y preparación
para la ganadería y la agroindustria de los territorios de montes nativos y humedales -los que vivimos en
Rosario aún tenemos el humo en nuestros cuerpos-; avanza con el fin de los subsidios a la energía;
incrementa el riesgo alimentario; desregula las prepagas lesionando la atención en la salud de la
población.
Este régimen es profundamente inconstitucional y no se trata sino de una reversión de esa famosa Ley
Nacional de Inversiones Mineras del año 1993, ahora ampliada a cualquier tipo de inversión que llegue
con más de 200 millones de dólares sin preguntar de dónde viene ese dinero y para qué va a ser utilizado.
El RIGI viola el Artículo 41 de la Constitución Nacional que garantiza el ambiente saludable, la Ley
General del Ambiente N.o 25.675 y el Acuerdo de Escazú; además del Convenio 169 de la OIT, y el
Acuerdo de París. El RIGI, impulsado por Milei y apoyado por la mayoría parlamentaria, es una herramienta fundamental para garantizar la entrega de nuestros bienes comunes y sobre todo del agua. Expresamente se dejó escrito en su letra que los insumos necesarios para las grandes inversiones no pueden ser restringidos por ninguna regulación preexistente. Y no hay ninguna de las grandes inversiones de las que se nos propone que no sea dependiente de agua.
En 2016, al presentar su proyecto de Ley de Aguas para la provincia de Santa Fe, Rubén Giustiniani fue
un adelantado en esta materia al incluir la prohibición del fracking en la provincia. Decía y hacemos
propia sus palabras: “El agua potable es mucho más que un bien, un recurso o una mercancía, es un
derecho humano de primer orden”. Lo decimos sin titubeo: Vienen a apropiarse de nuestros bienes comunes fundamentales para nuestros ciclos vitales. Y acá, creemos, es donde tenemos que dar la discusión más profunda. Quién tiene derecho a definir sobre el acceso a los bienes vitales que hacen posible que podamos vivir nuestras vidas en nuestros territorio. Es una cuestión fundamental para poner en discusión. Porque en un contexto de crisis climática como la que vive el Planeta, en un contexto de crisis alimentaria como la que tiene Argentina particularmente, impedir el derecho al acceso al agua a las comunidades en beneficio de las corporaciones, es una declaración de guerra y un aviso de genocidio para nuestras comunidades.
Santa Fe en primera plana
El pasado 22 de julio ingresó a la Legislatura provincial un proyecto de ley que busca avanzar
rápidamente en la adhesión de Santa Fe al RIGI como lo hizo ya Río Negro. Y donde la diputada libertaria, Silvia Malfesi, autora de la propuesta, califica a esta región “como una de las provincias más pujantes” para la aplicación de este Régimen ya que “cuenta con un entorno propicio para la atracción de inversiones debido a su ubicación estratégica, su infraestructura desarrollada y su capital humano calificado”, indica en los considerandos de su proyecto. Nos dicen: “El RIGI es necesario para tener dólares” ¿Eso qué significa? Que dejamos sin ninguna restricción a las grandes corporaciones y a los grandes poderes económicos para que ingresen en nuestro país y arrasen con nuestros territorios. Por sí fuera poco le pusieron un artículo donde se indica que ninguna acción ni necesidad de las locales, o sea de las personas que viven en las poblaciones, puede ser superior a la necesidad de insumos de los emprendimientos.
Seamos claros: Para que el RIGI sea efectivo en Santa Fe, tiene que la Legislatura aprobarlo. ¿Qué van a hacer nuestras diputadas y diputados, nuestros senadores y senadoras de los espacios políticos que, a nivel nacional, se opusieron a la medida y votaron en contra? ¿Van a aprobar la adhesión de Santa Fe al RIGI echando por tierra la Ley provincial de Agua N.o 13.740 que garantiza el acceso como un derecho humano de primer orden? Tienen la posibilidad de definir de qué lado están: del de las corporaciones o del de los pueblos. Sí se aprueba el RIGI en Santa Fe, el agua ya no será un derecho para la vida de las personas, sino propiedad de las corporaciones.
* Damián Verzeñassi es médico especialista en medicina legal y tiene una expertisse en Salud
Socioambiental. Dirige el Instituto de Salud Socioambiental. Es responsable académico de la materia
Salud Socioambiental y profesor titular de la materia Salud Pública en la carrera de Medicina de la
Universidad Nacional de Rosario así como de Redes y Sistema de salud de la Universidad del Chaco
Austral. Es presidente de Médicos del Mundo Argentina, y miembro fundador de la Unión de Científicos
Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina.
