¿Existe una relación hacen entre la deforestación ilegal y las inundaciones en el noroeste y el Litoral? ¿Cumple el Estado nacional la Ley de Bosques para evitar la deforestación ilegal? Sobre la base de esas preguntas el diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani presentó un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente de la Nación en el que demanda precisiones respecto a los mecanismos de control existentes para verificar el cumplimiento de la Ley de Bosques “especialmente en lo atinente a la deforestación ilegal, que en 2018 alcanzó el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires”.
El legislador también interpela al Ejecutivo nacional respecto a las eventuales sanciones que se han aplicado para desalentar la deforestación en zonas protegidas así como pide saber qué acciones se llevaron o llevarán adelante contra las provincias que incumplieron esa ley.
En sus fundamentos, Contigiani destaca que según datos satelitales entre enero y diciembre de 2018 se deforestaron 112.765 hectáreas en Argentina, con el (amargo) condimento de que alrededor del 40% se produjo en bosques protegidos por ley. También recordó que entre 2007 y 2017 se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840 mil eran protegidas según información oficial. “El año pasado en Santiago del Estero el 68% de lo que se deforestó eran bosques protegidos” señaló.
Entre las causas que explican esa deforestación está el persistente avance de la frontera agropecuaria para cultivos y ganadería intensiva, así como los incendios. Ante esta situación, los gobiernos provinciales “no quieren o no pueden cumplir la normativa nacional”. “Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, en la inmensa mayoría de los casos, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente” agregó el diputado.
Contexto
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) Argentina está entre los 10 países que más desmontaron entre 1990 y 2015, perdiendo a razón de 300 mil hectáreas por año. Si bien en ese escenario la sanción de la Ley de Bosques fue un gran avance, Contigiani resaltó que a más de 10 años de su aprobación “su efectiva implementación aún enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente”.
El legislador recordó también que a principios de este año, los obispos del Noroeste Argentino (NOA) se declararon en contra del “método economicista cuya lógica es consumir y producir desplazando a segundo plano la dignidad de la persona y la justa distribución de los bienes para el desarrollo humano integral”. “Hay que resaltar la conexión entre el modelo económico extractivista, el clima, el agua y el modo de vida de las comunidades. Esto genera nuevas formas de pobreza que expulsan a las personas de sus propios lugares de origen y los postergan cada día más” señalaron los religiosos en ese momento.
Sobre la base de lo que denuncia y explicita la encíclica papal Laudato Si, advirtieron que “la expansión indiscriminada de las fronteras agrícolas que incluye el desmonte de grandes extensiones de bosques nativos afecta seriamente el conjunto del hábitat”. Los suelos se vuelven vulnerables a la erosión provocados por las lluvias, que traen como consecuencia las inundaciones cada vez más frecuentes, con los destrozos consabidos.”
