Por: Jorgelina Hiba
Tras la aprobación ayer por parte de la Cámara de Diputados de la Nación que completó el trámite parlamentario que había comenzado en el Senado, Argentina goza de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a instancias de un proyecto presentado por Fernando Pino Solanas. Fue clave para su aprobación el impulso de las organizaciones de jóvenes que luchan contra la crisis climática como Jóvenes por el Clima y la Alianza por el Clima.
Según detalló el abogado ambientalista Enrique Viale, esta ley establece herramientas concretas para el país se adapte a la crisis climática global y también establece obligaciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. “Convierte en política de Estado la lucha contra el cambio climático” resumió el experto.
Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental (como la Ley de Bosques, por ejemplo) también es obligatoria para las provincias, que deberán adoptar políticas al respecto. Al mismo tiempo establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) en relación a los causantes del calentamiento global y también el de prioridad, en las políticas públicas, hacia los sectores más vulnerables.
Viale detalló que esta norma (que fue trabajada durante 5 años en la búsqueda de consensos) institucionaliza por ley la creación de un Gabinete Nacional Interministerial de Cambio Climático, que si bien ya existe actualmente está vigente por un decreto. Será ese organismo el que tendrá a su cargo la diagramación de un “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”.
A su vez esta nueva ley crea un Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Cambio Climático que deberá estar conformado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos y centros de investigación.
Finalmente, establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y las autoridades provinciales de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley.
