Desarrollar la agricultura familiar para avanzar en la construcción de un país que sea “incluyente y sustentable”. Ese es el objetivo que plantea un documento elaborado por la Conferencia Episcopal Argentina que, a tono con la declaración del Decenio de la Agricultura Familiar (2019-2028) por parte de Naciones Unidas, invitó a dialogar a entidades representativas de diversos tipos de productores rurales de diferentes puntos del territorio argentino.
Las propuestas, que fueron entregadas a representantes del ministerio de Agricultura de la Nación, tienen dos ejes centrales: por una parte destacan la importancia de la agricultura familiar “como herramienta para superar el hambre”, y por el otro ponen negro sobre blanco la intención de las diferentes organizaciones representativas del agro “de contribuir y participar en el diseño de futuras políticas públicas”.
A modo de síntesis, el documento explica que tanto los productores familiares como las microempresas rurales “son actores imprescindibles en la economía del país”, sobre todo en la producción de alimentos. También solicita la reglamentación de la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar y pide que esto sea acompañado de una asignación presupuestaria acorde.
Al mismo tiempo insiste en la necesidad de que el Estado nacional adopte políticas “que tengan en cuenta la diversidad de situaciones y problemáticas que enfrentan los productores”; regularice la situación de las tierras rurales en posesión de quienes tienen derechos y adecuen el sistema de arrendamiento rural “brindando seguridad a los
productores”.
Desde el conjunto de organizaciones también se pide un sistema de créditos “adecuado a la realidad de cada sector”, la actualización de los registros de agricultores familiares (Renaf) y de organizaciones (Renoaf), un programa que incentive el arraigo de
jóvenes en el medio rural “equiparando posibilidades con los que viven en zonas urbanas”, programas de transformación y agregado de valor, cadenas de comercialización “que acerquen la producción al consumidor en forma directa” y la promoción del asociativismo como modelo de organización.
También señalaron la necesidad de adecuar los sistemas impositivos, incrementar la inversión en infraestructura y servicios básicos, organizar sistemas educativos “adecuados a la realidad rural” y poner en práctica programas de vivienda.
