Por: Jorgelina Hiba
Ante la enorme pérdida de biodiversidad causada por los incendios que desde hace meses arrasan decenas de miles de hectáreas en Santa Fe, tanto en el valle de inundación como en el Delta del río Paraná y también en otras zonas como los Bajos Submeridionales, diferentes voces se alzaron para pedir que se prohíba cualquier cambio en el uso de esos suelos hasta que la naturaleza haga su propia restauración de esos ecosistemas.
Un primer grito de auxilio vino desde la organización El Paraná No Se Toca, que esta semana lanzó una campaña en redes para que el gobierno nacional avance con un decreto que evite el cambio de uso de suelo en las zonas del Humedal (se calculan unas 300 mil hectáreas quemadas en el Delta, un 15% de ese territorio que comprende unos 2 millones de hectáreas) que fueron arrasadas por el fuego.
En ese marco, el diputado provincial Carlos Del Frade presentó un proyecto de ley sobre restauración de los terrenos incendiados que pide prohibir cualquier cambio de uso forestal al menos durante treinta años de las zonas quemadas en Santa Fe, así como el desarrollo de “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal” en esos territorios.
“Esto sería una señal clara y contundente de política pública de cara a la generaciones futuras y también presentes” dijo el legislador, quien agregó que el proyecto incluye “partidas especiales que se agreguen al presupuesto de manera permanente” y la construcción de una Junta Provincial de Protección de la Biodiversidad con participación de organizaciones ambientalistas de toda la provincia.
Proyecto de ley
En su proyecto, Del Frade propone en primer lugar “restaurar la biodiversidad original de los terrenos incendiados en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe” avanzando en una legislación que prohíba el cambio de uso forestal de esas porciones de territorio durante al menos treinta años.
“Es indispensable recabar experiencias de distintas latitudes para generar una realidad mejor en la provincia de Santa Fe y avanzar en una política pública que proteja el ambiente y los bienes comunes”, argumentó el legislador, que agregó que su iniciativa está inspirada en el artículo 50 de la Ley de Montes de España sancionada en 2015, donde se habla del “mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados”.
Control y financiamiento
El proyecto propone que las autoridades de aplicación de la normativa sean los ministerios de Medio Ambiente y de Producción. En relación a los fondos requeridos para poder realizar tareas de inspección permanente tanto en los humedales como en otras zonas de montes y bosques nativos, se propone crear una partida especial “que se incorporará al primer presupuesto correspondiente luego de dictada la actual norma”.
También se busca la creación de una “Junta Provincial de Protección de la Biodiversidad” de la que formen parte las organizaciones ambientalistas, con un doble objetivo: que puedan socializar la información con las agencias estatales y que operen como contralor ciudadano “a las medidas que se tomen en cualquier lugar de la provincia”.
Antecedentes
La ley española establece que las comunidades autónomas (las provincias en Argentina) “deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados” y por lo tanto queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante 30 años, así como “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica”.
Según Del Frade “este concepto es aplicable a la experiencia santafesina” donde también se podría avanzar en una prohibición que prohíba durante ese lapso “cualquier tipo de emprendimiento que vaya en contra de la reforestación de los humedales quemados en todo el territorio de la provincia de Santa Fe”.
